Julio 22, 2015.
Excélsior
Cansados de andar a “salto de mata”, campesinos pobres de la sierra de Guerrero aceptaron en 2004 cambiar la siembra de mariguana y amapola por huertas de aguacate y durazno con la promesa de que tendrían todo el apoyo, recursos económicos y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
A 11 años de distancia, el balance que hacen los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de ejidos como Bajos de Balzamar, Santa Lucía y Bajitos de la Laguna en Tecpan de Galeana es negativo, ya que consideran que el gobierno federal los dejó solos, sin dinero ni asistencia técnica para sacar adelante a sus familias.
Aunque en el papel la reconversión de cultivos era una alternativa viable para llevar paz a una región convulsionada por la presencia del crimen organizado y ofrecer mejores oportunidades de vida a los jóvenes, la realidad es que de los 32 compañeros que empezaron con el proyecto del aguacate Hass únicamente continúan seis y de los diez que plantaron durazno Diamante, nada más queda un productor.
“La Sagarpa dice que invierte muchísimo dinero en el campo, pero aquí nosotros no vemos nada”, comentó Apolinar Alfaro Medrano, tesorero del Ejido Bajitos de la Laguna.
El hombre, a quien no le da vergüenza reconocer que antes “todo mundo se dedicaban a los cultivos prohibidos”, pidió a la Sagarpa que los apoye, para darles el ejemplo a los productores que se desanimaron en el intento de cambiar su futuro y convencer a los que siguen sembrando enervantes de que existen otras opciones.
“Si el gobierno se preocupara por la gente del campo, no habría tantos malhechores y la situación del país sería muy diferente, porque no habría necesidad de que las personas se metieran en actividades que no deben”, indicó.
Disparidades
Mientras que los campesinos de la sierra de Guerrero no cuentan con ningún tipo de apoyo federal, familiares de narcotraficantes como los hermanos de El Chapo Guzmán y altos exfuncionarios del sexenio pasado reciben sin falta, subsidios del Procampo, ahora ProAgro Productivo, creado hace 21 años para que los productores más pobres de México pudieran hacer frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como lo dio a conocer Excélsior en su edición del lunes.
Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, aseguró que el fenómeno delincuencial y la violencia pueden tener un combate efectivo con mayor inversión productiva en el sector rural.
“Nosotros como promotores del desarrollo en el campo, vemos en la práctica que por cada proyecto que ejecutamos con recursos de la Federación contribuimos a regresar la paz y estabilidad a las regiones, porque generamos trabajo e ingreso, lo que crea un circulo virtuoso que evita que los jóvenes se enrolen en las filas del narcotráfico”, destacó.
Efrén Santana Lucía, presidente del comisariado ejidal de Santa Lucía, advirtió que se requiere más cercanía del gobierno federal para que la gente no regrese al cultivo de la mariguana y la amapola.
Exigen indagar subsidios a los hermanos del Chapo
Los subsidios federales que entrega el gobierno a Jesús y Ofelina Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, demuestran la ineficiencia del aparato de inteligencia criminal del país, aseguró el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado, Isidro Pedraza.
El también secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado adelantó que es altamente probable que pida, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las secretarías de Agricultura y de la Función Pública informen al Poder Legislativo las razones de que estos dos personajes se mantengan como beneficiarios de ProAgro Productivo, antes Procampo.
“Hemos pedido de manera permanente que se haga una auditoría al Procampo y a todos los programas que la Sagarpa ha venido aplicando en el país. Hay una serie de actores políticos y sociales que son inelegibles para que reciban los apoyos, como los propios funcionarios públicos, diputados y senadores.
“Yo creo que deberíamos de establecer un criterio de cuidado cuando se establezca algún parentesco con funcionarios públicos, políticos o el crimen organizado, porque esto habla de una desinformación y una percepción muy deficiente en las instancias de inteligencia en el país. Por eso creo que este tema es muy delicado”, expresó el legislador federal.
Involucrado en diversas tareas del Senado en apoyo y atención al campo mexicano, Isidro Pedraza añadió que desde el Poder Legislativo “tenemos que insistir en que el padrón de Procampo se actualice y sea la herramienta que realmente permita el detonar el beneficio económico de los productores rurales que sí requieren ese subsidio.
“Nosotros tendremos que insistir ante las secretarías de Agricultura y de la Función Pública para ver en qué otros casos está pasando esto y que se conocen sólo porque lo evidencian periódicos como Excélsior”, expresó.
Excélsior
A 11 años de distancia, el balance que hacen los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de ejidos como Bajos de Balzamar, Santa Lucía y Bajitos de la Laguna en Tecpan de Galeana es negativo, ya que consideran que el gobierno federal los dejó solos, sin dinero ni asistencia técnica para sacar adelante a sus familias.
Aunque en el papel la reconversión de cultivos era una alternativa viable para llevar paz a una región convulsionada por la presencia del crimen organizado y ofrecer mejores oportunidades de vida a los jóvenes, la realidad es que de los 32 compañeros que empezaron con el proyecto del aguacate Hass únicamente continúan seis y de los diez que plantaron durazno Diamante, nada más queda un productor.
“La Sagarpa dice que invierte muchísimo dinero en el campo, pero aquí nosotros no vemos nada”, comentó Apolinar Alfaro Medrano, tesorero del Ejido Bajitos de la Laguna.
El hombre, a quien no le da vergüenza reconocer que antes “todo mundo se dedicaban a los cultivos prohibidos”, pidió a la Sagarpa que los apoye, para darles el ejemplo a los productores que se desanimaron en el intento de cambiar su futuro y convencer a los que siguen sembrando enervantes de que existen otras opciones.
“Si el gobierno se preocupara por la gente del campo, no habría tantos malhechores y la situación del país sería muy diferente, porque no habría necesidad de que las personas se metieran en actividades que no deben”, indicó.
Disparidades
Mientras que los campesinos de la sierra de Guerrero no cuentan con ningún tipo de apoyo federal, familiares de narcotraficantes como los hermanos de El Chapo Guzmán y altos exfuncionarios del sexenio pasado reciben sin falta, subsidios del Procampo, ahora ProAgro Productivo, creado hace 21 años para que los productores más pobres de México pudieran hacer frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como lo dio a conocer Excélsior en su edición del lunes.
Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, aseguró que el fenómeno delincuencial y la violencia pueden tener un combate efectivo con mayor inversión productiva en el sector rural.
“Nosotros como promotores del desarrollo en el campo, vemos en la práctica que por cada proyecto que ejecutamos con recursos de la Federación contribuimos a regresar la paz y estabilidad a las regiones, porque generamos trabajo e ingreso, lo que crea un circulo virtuoso que evita que los jóvenes se enrolen en las filas del narcotráfico”, destacó.
Efrén Santana Lucía, presidente del comisariado ejidal de Santa Lucía, advirtió que se requiere más cercanía del gobierno federal para que la gente no regrese al cultivo de la mariguana y la amapola.
Exigen indagar subsidios a los hermanos del Chapo
Los subsidios federales que entrega el gobierno a Jesús y Ofelina Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, demuestran la ineficiencia del aparato de inteligencia criminal del país, aseguró el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado, Isidro Pedraza.
El también secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado adelantó que es altamente probable que pida, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las secretarías de Agricultura y de la Función Pública informen al Poder Legislativo las razones de que estos dos personajes se mantengan como beneficiarios de ProAgro Productivo, antes Procampo.
“Hemos pedido de manera permanente que se haga una auditoría al Procampo y a todos los programas que la Sagarpa ha venido aplicando en el país. Hay una serie de actores políticos y sociales que son inelegibles para que reciban los apoyos, como los propios funcionarios públicos, diputados y senadores.
“Yo creo que deberíamos de establecer un criterio de cuidado cuando se establezca algún parentesco con funcionarios públicos, políticos o el crimen organizado, porque esto habla de una desinformación y una percepción muy deficiente en las instancias de inteligencia en el país. Por eso creo que este tema es muy delicado”, expresó el legislador federal.
Involucrado en diversas tareas del Senado en apoyo y atención al campo mexicano, Isidro Pedraza añadió que desde el Poder Legislativo “tenemos que insistir en que el padrón de Procampo se actualice y sea la herramienta que realmente permita el detonar el beneficio económico de los productores rurales que sí requieren ese subsidio.
“Nosotros tendremos que insistir ante las secretarías de Agricultura y de la Función Pública para ver en qué otros casos está pasando esto y que se conocen sólo porque lo evidencian periódicos como Excélsior”, expresó.
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