26 de febrero de 2015
Agencia Periodística de Investigación
El pasado 16 de los corrientes, tras cuatro horas y media reunidos, gobierno del estado, representantes de la empresa Media Luna y pobladores de cuatro pueblos en la zona del río Balsas en Cocula, acordaron reforzar la seguridad en las comunidades. En el encuentro destacó la posible liberación de una orden de aprehensión en contra del líder de La Familia Michoacana, Uriel Vences o Uriel Wences, alias La Burra.
Autoridades del Gobierno del Estado, del municipio de Cocula y representantes de la empresa minera canadiense “Media Luna”, se reunieron el lunes 16 con comisarios y policías comunitarios de Nuevo Balsas, Atzcala, Real del Limón y La Fundición.
El encuentro se concretó en las oficinas de la minera ubicadas en Nuevo Balsas. Llegaron por parte del Estado, el subsecretario de Gobierno de enlace con organizaciones sociales, Ernesto Guzmán y, el fiscal regional de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, Carlos Vinalay de la Rosa.
De la empresa canadiense estuvo el Gerente General de Minas, David Adueldas, y por parte del gobierno de Cocula llegaron dos regidores y el secretario particular y representante del alcalde Miguel Peñaloza Santana.
A las 4:30 de la tarde dio inicio la discusión y análisis de diez puntos previamente establecidos. La mayoría estaban relacionados con la seguridad de los cuatro pueblos de la zona y el apoyo a la comunitaria para continuar la búsqueda del delincuente conocido como “La Burra”, quien mantiene secuestrados a dos ciudadanos de Balsas y La Fundición.
Cuando se empezó el análisis del primer punto relacionado al reforzamiento de la seguridad en la zona, los representantes del pueblo y policías ciudadanos reclamaron al gobierno estatal que haya retirado dos grupos de la Policía del Estado que habían sido comisionados a la zona la semana pasada para coadyuvar en las búsquedas de los secuestrados y la seguridad de los pueblos.
El subsecretario Ernesto Guzmán se limitó a decir que desconocía que ya no estuvieran los policías estatales y, aunque la gente le solicitó en reiteradas ocasiones una respuesta inmediata para que comisionaran a más estatales, éste solo respondió que haría la propuesta al Secretario de Seguridad Pública Estatal, ya que no estaba dentro de sus funciones ordenar a los policías.
Más aún, excusó que el problema de inseguridad se está registrando en todo el Estado, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad son insuficientes para cubrir todo el territorio guerrerense.
Los pobladores reclamaron la falta de cumplimiento a las promesas que en pasadas reuniones habían hecho el gobierno del Estado y los representantes de Media Luna, entre las que destacaron el envío de un helicóptero para coadyuvar en la búsqueda vía aérea, de los dos secuestrados. Ernesto Guzmán argumentó que la aeronave llegó a Nuevo Balsas pero “por fallas mecánicas” tuvo que ser retirado de la zona.
También se tenía el compromiso de otorgar vehículos a la policía comunitaria para sus operativos y a los cuatro pueblos para que estuvieran de base y a disposición de los ciudadanos. En este punto se informó que ya se habían prestado algunas unidades por parte del gobierno municipio y de la minera, los cuales están descompuestos, revelaron los policías civiles.
Exigieron entonces la reparación de esas unidades y la entrega de nuevos vehículos en un tiempo no muy lejano. El gobierno del municipio se comprometió a enviar grúas este martes para el traslado de las camionetas con fallas mecánicas y, componerlas de forma inmediata.
De los vehículos nuevos no hubo un acuerdo claro pues, la minera dijo no tener esa posibilidad y los gobiernos locales excusaron tener un déficit de vehículos oficiales. El Estado responsabilizó a los movimientos sociales de haber “robado” la mayor parte de sus unidades motrices.
Los pobladores de los cuatro pueblos exigieron entre otras cosas, la instalación de un destacamento del Ejército Mexicano en la zona, que esté de forma permanente, a lo que el gobierno estatal respondió que no está dentro de sus facultades pero podía “gestionar” ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El representante del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, insistió en que la policía comunitaria de Nuevo Balsas y los otros tres pueblos tendrán que regularizarse a cambio de que se les dote de armas, uniformes y vehículos, entre otros beneficios.
Los comunitarios por su parte no se negaron a entrar al análisis de le etapa de regularización para ser reconocidos por el gobierno como policías comunitarios en el esquema de la Policía Rural, pero aclararon que tendrá que ser en Nuevo Balsas porque ellos no están dispuestos a salir de si comunidad con el problema de inseguridad que tienen y, el asecho de Uriel Vences, “La Burra”.
Pero recalcaron que su prioridad es el tema de la seguridad para los cuatro pueblos en lo inmediato y, la detención de La Burra así como el rescate de los dos secuestrados.
El fin de semana previo, los pobladores cedieron a una especie de tregua con la empresa minera con la que de permitiría el paso de los trabajadores a la Mina para que estos reanudaran sus labores. Los representantes de Media Luna se comprometieron a gestionar apoyo para los pueblos en materia de seguridad. Hasta el 16 de febrero, las promesas habían sido incumplidas en lo general.
La irrupción…
Durante casi dos horas de reunión, los comisarios y policías comunitarios se mostraron inconformes ante las vagas respuestas que les estaban otorgando. Para las 18:30 horas al menos 200 pobladores de Nuevo Balsas se concentraron a las afueras de la sala de reunión y, molestos, ingresaron a la reunión en las oficinas de Media Luna.
Sin embargo, ante la insuficiencia de la sala, los pobladores interrumpieron la reunión para exigir que las autoridades de gobierno salieran a la calle y dialogaran con todo el pueblo los temas relacionados a la seguridad.
Algunos ciudadanos reclamaron a los representantes del estado, la falta de cumplimiento de sus compromisos y, advirtieron que de no tener respuestas claras, violarían el pacto con la minera y volverían a interrumpir sus trabajos.
El subsecretario de Gobierno explicó entonces lo dialogado en la reunión con comisarios y comunitarios, y, se comprometió a firmar una minuta de acuerdos donde se beneficiara a la población.
Nuevamente, autoridades de los pueblos, del gobierno y representantes de la minera, ingresaron a la sala para entablar los acuerdos necesarios y redactar una minuta de acuerdos.
Para las 8:30 de la noche se tenía listo el documento donde como primer punto se estableció que esa semana o a más tardar la próxima, la Fiscalía General del Estado liberaría una orden de aprehensión en contra de Uriel Vences alias La Burra, líder del grupo criminal La familia michoacana, responsable del secuestro de 14 personas el día 6 de febrero, de las cuales dos continúan en calidad de desaparecidos.
En privado, el fiscal regional informó a las familias de las personas desaparecidas, los avances de la investigación y las acciones de búsqueda que se han realizado.
Como segundo punto, se acordó establecer una mesa de trabajo para el análisis de la regularización de policía ciudadana de los cuatro pueblos.
Entre las exigencias estaba la dotación de combustible para el abasto de las unidades de las policías comunitarias, para lo que en gobierno municipal otorgó un block de vales de combustible a la empresa Media Luna, que se encargará de repartirlo a los pueblos.
De la dotación de más vehículos, la Fiscalía del Estado se comprometió a recuperar los vehículos decomisados por movimientos sociales a raíz de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, y prestarlos a los cuatro pueblos de la zona del Balsas, en Cocula. También se concretó que de forma inmediata serán reparadas las unidades descompuestas en manos de la comunitaria.
Respecto a la solicitud de armamento por parte de las policías ciudadanas, el gobierno estatal dejó en claro que primero deberá concretarse la regularización de las mismas.
Entre otras cosas, la minera Media Luna ofreció poner a disposición de los ciudadanos las unidades de la empresa durante los traslados de la mina a Cocula o Iguala, para lo que les informarían cada día los horarios de salidas y regresos. Esto como una medida de seguridad para que los ciudadanos tengan la posibilidad de salir de los pueblos.
También se acordó que desde el martes 17 de febrero, se enviarían dos patrullas de la Policía Estatal con unos 10 elementos abordo, para que vigile los cuatro pueblos y coadyuven en las operaciones de las policías ciudadanas. Además se gestionará ante la SEDENA, la instalación de un destacamento del Ejército en la zona, que esté de forma permanente. Ante el grupo de coordinación Guerrero, se solicitará además el envió de una base de operaciones mixta (BOM), que es integrada por representaciones de todas las fuerzas de seguridad del estado y la federación.
Agencia Periodística de Investigación
El pasado 16 de los corrientes, tras cuatro horas y media reunidos, gobierno del estado, representantes de la empresa Media Luna y pobladores de cuatro pueblos en la zona del río Balsas en Cocula, acordaron reforzar la seguridad en las comunidades. En el encuentro destacó la posible liberación de una orden de aprehensión en contra del líder de La Familia Michoacana, Uriel Vences o Uriel Wences, alias La Burra.
Autoridades del Gobierno del Estado, del municipio de Cocula y representantes de la empresa minera canadiense “Media Luna”, se reunieron el lunes 16 con comisarios y policías comunitarios de Nuevo Balsas, Atzcala, Real del Limón y La Fundición.
El encuentro se concretó en las oficinas de la minera ubicadas en Nuevo Balsas. Llegaron por parte del Estado, el subsecretario de Gobierno de enlace con organizaciones sociales, Ernesto Guzmán y, el fiscal regional de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, Carlos Vinalay de la Rosa.
De la empresa canadiense estuvo el Gerente General de Minas, David Adueldas, y por parte del gobierno de Cocula llegaron dos regidores y el secretario particular y representante del alcalde Miguel Peñaloza Santana.
A las 4:30 de la tarde dio inicio la discusión y análisis de diez puntos previamente establecidos. La mayoría estaban relacionados con la seguridad de los cuatro pueblos de la zona y el apoyo a la comunitaria para continuar la búsqueda del delincuente conocido como “La Burra”, quien mantiene secuestrados a dos ciudadanos de Balsas y La Fundición.
Cuando se empezó el análisis del primer punto relacionado al reforzamiento de la seguridad en la zona, los representantes del pueblo y policías ciudadanos reclamaron al gobierno estatal que haya retirado dos grupos de la Policía del Estado que habían sido comisionados a la zona la semana pasada para coadyuvar en las búsquedas de los secuestrados y la seguridad de los pueblos.
El subsecretario Ernesto Guzmán se limitó a decir que desconocía que ya no estuvieran los policías estatales y, aunque la gente le solicitó en reiteradas ocasiones una respuesta inmediata para que comisionaran a más estatales, éste solo respondió que haría la propuesta al Secretario de Seguridad Pública Estatal, ya que no estaba dentro de sus funciones ordenar a los policías.
Más aún, excusó que el problema de inseguridad se está registrando en todo el Estado, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad son insuficientes para cubrir todo el territorio guerrerense.
Los pobladores reclamaron la falta de cumplimiento a las promesas que en pasadas reuniones habían hecho el gobierno del Estado y los representantes de Media Luna, entre las que destacaron el envío de un helicóptero para coadyuvar en la búsqueda vía aérea, de los dos secuestrados. Ernesto Guzmán argumentó que la aeronave llegó a Nuevo Balsas pero “por fallas mecánicas” tuvo que ser retirado de la zona.
También se tenía el compromiso de otorgar vehículos a la policía comunitaria para sus operativos y a los cuatro pueblos para que estuvieran de base y a disposición de los ciudadanos. En este punto se informó que ya se habían prestado algunas unidades por parte del gobierno municipio y de la minera, los cuales están descompuestos, revelaron los policías civiles.
Exigieron entonces la reparación de esas unidades y la entrega de nuevos vehículos en un tiempo no muy lejano. El gobierno del municipio se comprometió a enviar grúas este martes para el traslado de las camionetas con fallas mecánicas y, componerlas de forma inmediata.
De los vehículos nuevos no hubo un acuerdo claro pues, la minera dijo no tener esa posibilidad y los gobiernos locales excusaron tener un déficit de vehículos oficiales. El Estado responsabilizó a los movimientos sociales de haber “robado” la mayor parte de sus unidades motrices.
Los pobladores de los cuatro pueblos exigieron entre otras cosas, la instalación de un destacamento del Ejército Mexicano en la zona, que esté de forma permanente, a lo que el gobierno estatal respondió que no está dentro de sus facultades pero podía “gestionar” ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El representante del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, insistió en que la policía comunitaria de Nuevo Balsas y los otros tres pueblos tendrán que regularizarse a cambio de que se les dote de armas, uniformes y vehículos, entre otros beneficios.
Los comunitarios por su parte no se negaron a entrar al análisis de le etapa de regularización para ser reconocidos por el gobierno como policías comunitarios en el esquema de la Policía Rural, pero aclararon que tendrá que ser en Nuevo Balsas porque ellos no están dispuestos a salir de si comunidad con el problema de inseguridad que tienen y, el asecho de Uriel Vences, “La Burra”.
Pero recalcaron que su prioridad es el tema de la seguridad para los cuatro pueblos en lo inmediato y, la detención de La Burra así como el rescate de los dos secuestrados.
El fin de semana previo, los pobladores cedieron a una especie de tregua con la empresa minera con la que de permitiría el paso de los trabajadores a la Mina para que estos reanudaran sus labores. Los representantes de Media Luna se comprometieron a gestionar apoyo para los pueblos en materia de seguridad. Hasta el 16 de febrero, las promesas habían sido incumplidas en lo general.
La irrupción…
Durante casi dos horas de reunión, los comisarios y policías comunitarios se mostraron inconformes ante las vagas respuestas que les estaban otorgando. Para las 18:30 horas al menos 200 pobladores de Nuevo Balsas se concentraron a las afueras de la sala de reunión y, molestos, ingresaron a la reunión en las oficinas de Media Luna.
Sin embargo, ante la insuficiencia de la sala, los pobladores interrumpieron la reunión para exigir que las autoridades de gobierno salieran a la calle y dialogaran con todo el pueblo los temas relacionados a la seguridad.
Algunos ciudadanos reclamaron a los representantes del estado, la falta de cumplimiento de sus compromisos y, advirtieron que de no tener respuestas claras, violarían el pacto con la minera y volverían a interrumpir sus trabajos.
El subsecretario de Gobierno explicó entonces lo dialogado en la reunión con comisarios y comunitarios, y, se comprometió a firmar una minuta de acuerdos donde se beneficiara a la población.
Nuevamente, autoridades de los pueblos, del gobierno y representantes de la minera, ingresaron a la sala para entablar los acuerdos necesarios y redactar una minuta de acuerdos.
Para las 8:30 de la noche se tenía listo el documento donde como primer punto se estableció que esa semana o a más tardar la próxima, la Fiscalía General del Estado liberaría una orden de aprehensión en contra de Uriel Vences alias La Burra, líder del grupo criminal La familia michoacana, responsable del secuestro de 14 personas el día 6 de febrero, de las cuales dos continúan en calidad de desaparecidos.
En privado, el fiscal regional informó a las familias de las personas desaparecidas, los avances de la investigación y las acciones de búsqueda que se han realizado.
Como segundo punto, se acordó establecer una mesa de trabajo para el análisis de la regularización de policía ciudadana de los cuatro pueblos.
Entre las exigencias estaba la dotación de combustible para el abasto de las unidades de las policías comunitarias, para lo que en gobierno municipal otorgó un block de vales de combustible a la empresa Media Luna, que se encargará de repartirlo a los pueblos.
De la dotación de más vehículos, la Fiscalía del Estado se comprometió a recuperar los vehículos decomisados por movimientos sociales a raíz de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, y prestarlos a los cuatro pueblos de la zona del Balsas, en Cocula. También se concretó que de forma inmediata serán reparadas las unidades descompuestas en manos de la comunitaria.
Respecto a la solicitud de armamento por parte de las policías ciudadanas, el gobierno estatal dejó en claro que primero deberá concretarse la regularización de las mismas.
Entre otras cosas, la minera Media Luna ofreció poner a disposición de los ciudadanos las unidades de la empresa durante los traslados de la mina a Cocula o Iguala, para lo que les informarían cada día los horarios de salidas y regresos. Esto como una medida de seguridad para que los ciudadanos tengan la posibilidad de salir de los pueblos.
También se acordó que desde el martes 17 de febrero, se enviarían dos patrullas de la Policía Estatal con unos 10 elementos abordo, para que vigile los cuatro pueblos y coadyuven en las operaciones de las policías ciudadanas. Además se gestionará ante la SEDENA, la instalación de un destacamento del Ejército en la zona, que esté de forma permanente. Ante el grupo de coordinación Guerrero, se solicitará además el envió de una base de operaciones mixta (BOM), que es integrada por representaciones de todas las fuerzas de seguridad del estado y la federación.
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