20 de febrero de 2015
Novedades Acapulco
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El Senado exhortó a las autoridades federales y de Guerrero a garantizar que en la entidad se brinde educación de calidad, y que tanto alumnos como maestros cuenten con seguridad y protección a la vida y a su patrimonio.
A través de un punto de acuerdo presentado por la senadora Mónica Arriola Gordillo y aprobado por el pleno, también pidió al gobierno estatal y de Acapulco formular políticas de atención y reparación del daño a los docentes que han sido víctimas del delito en cumplimiento de su labor.
Al exponer el punto de acuerdo, la senadora por Nueva Alianza señaló que la reforma constitucional en materia educativa establece que la educación que imparta el Estado debe ser de calidad, y es un derecho humano, la llave a la igualdad y bienestar colectivo .
Sin embargo, expuso, los habitantes de la Montaña guerrerense se ven obligados a desplazarse para contratarse como jornaleros agrícolas junto con su familia, lo que lleva a los menores a dejar las escuelas y sus comunidades.
Además de que en algunas regiones no existen escuelas adecuadas para continuar su educación, expuso, maestras y maestros guerrerenses han padecido inseguridad y violencia, lo que ha obligado a 198 planteles de nivel básico a suspender actividades desde una semana antes de las vacaciones de diciembre de 2014.
El 12 de enero pasado, refirió la legisladora, sólo 40 de esos planteles pudieron concretar el regreso a clases.
La senadora reconoció la labor del Ejército que ha cuidado los planteles, pero dijo que eso sólo puede realizarse como una medida precautoria y temporal, ya que esas tareas corresponden a las autoridades civiles.
Refirió que el titular de Educación de la entidad, Salvador Martínez Della Rocca, reportó que entre noviembre y los primeros días de enero 22 maestros habían sido asesinados, 18 secuestrados y ocho profesoras fueron víctimas de abuso sexual por integrantes de la delincuencia organizada.
Las y los docentes realizan una labor no sólo loable sino fundamental, y lo mínimo se debe hacer como Estado es garantizar la absoluta seguridad en el desempeño de su labor, recalcó.
Además, enfatizó que es obligación de todos que las niñas y los niños sólo deban concentrarse en sus estudios, y un compromiso del Senado estar atento a que en todas las entidades federativas prevalezca el Estado de Derecho.
Novedades Acapulco
A través de un punto de acuerdo presentado por la senadora Mónica Arriola Gordillo y aprobado por el pleno, también pidió al gobierno estatal y de Acapulco formular políticas de atención y reparación del daño a los docentes que han sido víctimas del delito en cumplimiento de su labor.
Al exponer el punto de acuerdo, la senadora por Nueva Alianza señaló que la reforma constitucional en materia educativa establece que la educación que imparta el Estado debe ser de calidad, y es un derecho humano, la llave a la igualdad y bienestar colectivo .
Sin embargo, expuso, los habitantes de la Montaña guerrerense se ven obligados a desplazarse para contratarse como jornaleros agrícolas junto con su familia, lo que lleva a los menores a dejar las escuelas y sus comunidades.
Además de que en algunas regiones no existen escuelas adecuadas para continuar su educación, expuso, maestras y maestros guerrerenses han padecido inseguridad y violencia, lo que ha obligado a 198 planteles de nivel básico a suspender actividades desde una semana antes de las vacaciones de diciembre de 2014.
El 12 de enero pasado, refirió la legisladora, sólo 40 de esos planteles pudieron concretar el regreso a clases.
La senadora reconoció la labor del Ejército que ha cuidado los planteles, pero dijo que eso sólo puede realizarse como una medida precautoria y temporal, ya que esas tareas corresponden a las autoridades civiles.
Refirió que el titular de Educación de la entidad, Salvador Martínez Della Rocca, reportó que entre noviembre y los primeros días de enero 22 maestros habían sido asesinados, 18 secuestrados y ocho profesoras fueron víctimas de abuso sexual por integrantes de la delincuencia organizada.
Las y los docentes realizan una labor no sólo loable sino fundamental, y lo mínimo se debe hacer como Estado es garantizar la absoluta seguridad en el desempeño de su labor, recalcó.
Además, enfatizó que es obligación de todos que las niñas y los niños sólo deban concentrarse en sus estudios, y un compromiso del Senado estar atento a que en todas las entidades federativas prevalezca el Estado de Derecho.
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